Practica esta lección:
Ir al examen
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
75
II
> ¿Qué derechos creen ustedes que fueron
presuntamente
violados?
¿Cómo se tramita una queja ante las
comisiones públicas de derechos humanos?
La
queja
es un procedimiento que se hace frente a las comisiones públicas de derechos
humanos para denunciar a las autoridades o servidores públicos que con sus actos violan
alguno de nuestros derechos.
Es necesario presentarla por escrito en el estado donde se radica, o ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (
CNDH
). Otra opción es enviarla por fax, correo electrónico,
por correo aéreo o terrestre. En algunos casos, también puede plantearse vía telefónica.
También se acepta que sea de manera oral cuando la persona afectada es menor de edad
o se trata de adultos que no saben leer ni escribir.
Recuerden que
se agrega la palabra
“
presuntamente
” porque es importante
tanto para los ciudadanos como para los
servidores públicos tener la posibilidad
de defenderse y, por tanto, de que las
autoridades indaguen los hechos
para encontrar la verdad.
Una tarea…
¡Recuérdala!
•
¿Conocen el nombre completo de la comisión estatal de su entidad federativa? Anótenlo o indáguenlo.
•
Investiguen dónde están ubicadas sus oficinas.
•
¿Quién es el presidente o la presidenta de dicha comisión?
Si tienen acceso a Internet, pueden consultar la página http://www.cndh.org.mx y buscar los datos de la
comisión que existe en su estado.
SESIÓN 26
Requisitos básicos para presentar una queja
ante las comisiones públicas de derechos humanos
Nombre completo:
Domicilio:
Número telefónico
donde se puede localizar a la persona interesada (en caso de
tenerlo):
Narración de los hechos.
En este apartado es importante que se incluya el nombre y
cargo de la autoridad o servidor público presuntamente responsable.
Al final del texto, debe incluirse la
firma o huella digital del interesado
, porque no se
admiten quejas anónimas.
El
juicio de amparo
es otro recurso con el que
contamos y también nos protege de abusos de las
autoridades. Éste se tramita ante el Poder Judicial,
en el que los jueces especializados en amparo
analizan el caso y dictan una sentencia, ya sea
para que suspenda el atropello o la violación o se
pague una indemnización en caso de no poderse
reparar el daño ocasionado. Las autoridades están
obligadas a cumplir la sentencia en contra de su
voluntad, a diferencia de lo que sucede con las
recomendaciones que emiten las comisiones
públicas de derechos humanos.